Promotores de proyectos sociales, educativos y culturales exigen mayor apoyo institucional y financiación, mientras que los responsables de líneas de ayuda reconocen la falta de una cultura de confianza y conciencia sobre los riesgos digitales.

En Rumanía, clases de alfabetización mediática para docentes y familias; en España, teatro participativo; en Ucrania, líneas de denuncia y ciberpolicía. Estas son solo algunas de las respuestas que organizaciones e instituciones están implementando ante las crecientes formas de violencia digital que afectan a niños y adolescentes.

El aumento del ciberacoso, la exposición a contenidos dañinos, el discurso de odio y el abuso sexual infantil en línea es alarmante. La rápida evolución de la inteligencia artificial añade nuevas amenazas, como los deepfakes, que agravan los riesgos emocionales y psicológicos derivados del uso excesivo de pantallas.

El 82% de los europeos considera que los controles parentales ya no son suficientes para proteger a los menores en internet, según el Eurobarómetro Flash 2023. Las escuelas apenas comienzan a enfrentar la complejidad de la violencia digital, mientras que las autoridades y las empresas tecnológicas avanzan con lentitud y escasa transparencia.

Frente a este panorama, ¿qué herramientas y medidas están funcionando realmente? ¿Cómo podemos construir entornos digitales más seguros y solidarios para la infancia y la adolescencia?

Riesgos persistentes y nuevas amenazas

Los casos reales ilustran la gravedad del problema: en Rumanía, un niño de 12 años fue víctima de sextorsión por parte de compañeros; en España, 16 adolescentes sufrieron la difusión de imágenes desnudas generadas por IA; en Ucrania, una menor fue coaccionada para publicar fotos íntimas en Telegram. Estas situaciones, cada vez más frecuentes, muestran que la violencia digital es continua y no conoce horarios.

El acceso temprano a dispositivos y la expansión del tiempo en línea —hasta 6 horas diarias en algunos países— incrementan la exposición a riesgos. El 17% de los menores europeos ha sufrido acoso en línea, y en España la prevalencia de ciberacoso alcanza el 57,5%. La exposición a pornografía y contenidos violentos es también preocupante, con consecuencias psicológicas graves.

El abuso sexual digital, especialmente mediante imágenes autogeneradas y deepfakes, se ha convertido en una epidemia. La mayoría de las víctimas son menores que, además, rara vez reciben educación sobre cómo protegerse en internet.

Soluciones desde la cultura, la educación y la tecnología

En España, el teatro participativo se ha consolidado como herramienta educativa y preventiva. Obras como "Aulas" o "Girls Like That" permiten a los jóvenes reflexionar y empatizar con las víctimas, complementadas con materiales didácticos y debates posteriores. Técnicas parateatrales y psicodrama, promovidas por asociaciones como AEPAE, han demostrado mejorar la autoestima y la capacidad de afrontamiento de los menores.

Otras iniciativas culturales incluyen el uso de series, novelas y guías para fomentar el pensamiento crítico y el uso responsable de la tecnología. Programas como E-tic, Campus Fad y Te pongo un reto ofrecen formación práctica sobre riesgos digitales a estudiantes, familias y docentes. Sin embargo, la falta de integración curricular y apoyo institucional limita su alcance.

La inteligencia artificial, aunque parte del problema, también puede ser aliada. Chatbots como Sof-IA de Fad Juventud y asistentes como DEL.IA ayudan a jóvenes a identificar y denunciar situaciones de violencia digital. Además, se promueve la alfabetización en IA para que menores y adultos aprendan a distinguir entre contenidos reales y manipulados.

El papel de las familias y la escuela

Muchos padres se sienten desbordados y temen imponer límites excesivos. Proyectos como los talleres de la Asociación Zi de Bine en Rumanía ofrecen herramientas concretas y campamentos de "desintoxicación digital" para adolescentes. La alfabetización mediática, impulsada por el Centro para el Periodismo Independiente, ha formado a miles de docentes y estudiantes, aunque persisten barreras culturales y de victimización.

En zonas rurales, programas de World Vision Romania llevan la educación digital a comunidades vulnerables, aunque el enfoque disciplinario y la falta de recursos dificultan el cambio de mentalidad. La figura del orientador escolar es clave, pero la sobrecarga de trabajo limita su eficacia.

Organizaciones como Salvați Copiii (Save the Children) en Rumanía y la Internet Watch Foundation en Reino Unido gestionan líneas de denuncia y plataformas para reportar abusos, colaborando con autoridades para eliminar contenidos y apoyar a las víctimas. En Ucrania, proyectos como StopCrime y el Safe Internet Center, en alianza con la ciberpolicía, han logrado bloquear dominios y detener a delincuentes, además de realizar campañas educativas y ofrecer recursos para padres y docentes.

Regulación, prevención y retos futuros

La prohibición de móviles en las aulas es una medida debatida. Países como Portugal y Francia han implementado restricciones, y en España algunas comunidades autónomas han observado una reducción del ciberacoso tras su aplicación. Sin embargo, expertos advierten que la educación digital es más efectiva que la prohibición total.

A nivel legislativo, la Unión Europea avanza con el Digital Services Act, que obliga a las grandes plataformas a proteger a los menores y a implementar sistemas de verificación de edad, aunque persisten dudas sobre la privacidad y la eficacia de estas herramientas. España, Rumanía y Ucrania han adaptado sus marcos legales para tipificar nuevos delitos, como la creación de pornografía infantil mediante IA, pero la aplicación práctica sigue siendo un reto.

El entorno digital evoluciona más rápido que la legislación y la respuesta institucional. La cooperación entre gobiernos, sector privado, ONG y la sociedad civil es esencial para construir una cultura de confianza, prevención y apoyo. La alfabetización digital, la educación emocional y la implicación activa de jóvenes, familias y docentes son imprescindibles para reducir los riesgos y proteger a los más vulnerables.

En definitiva, la lucha contra la violencia digital requiere un enfoque integral: educación, cultura, tecnología, legislación y, sobre todo, una comunidad comprometida en garantizar la seguridad y el bienestar de la infancia y la adolescencia en el mundo digital.