La digitalización fiscal en España entra en una nueva fase con la llegada de la factura electrónica obligatoria, que será exigida a partir de 2026 para todas las empresas y autónomos. El nuevo Reglamento VERIFACTU, impulsado por el Gobierno, establece un marco normativo que refuerza la integridad, trazabilidad y autenticidad de las operaciones contables, marcando un antes y un después en la modernización del sistema tributario español.

A partir del 1 de enero de 2026, todas las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán emitir facturas exclusivamente en formato electrónico. Desde el 1 de julio de 2026, la obligación se extenderá también a autónomos y profesionales. Durante 2025, los proveedores de software deberán certificar sus soluciones para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos legales.

El Reglamento VERIFACTU exige que los sistemas de facturación aseguren la inalterabilidad de los registros y la trazabilidad total de cada operación. Cada factura deberá incorporar un código QR y una firma digital, permitiendo su verificación inmediata por la Agencia Tributaria. Además, el software deberá impedir cualquier manipulación de datos y registrar automáticamente cada emisión, reforzando así el control fiscal y la transparencia, en línea con la Ley Crea y Crece.

Esta transformación afecta a la práctica totalidad del tejido empresarial, independientemente de su tamaño o volumen de facturación, y obliga a revisar y actualizar los sistemas contables y tecnológicos. El incumplimiento de la normativa puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal, especialmente en casos de uso de software no certificado o manipulación de registros. Además de las sanciones económicas, la falta de adaptación puede provocar retrasos en la facturación, errores contables y pérdida de trazabilidad documental.

La clave para afrontar este cambio reside en la anticipación y la planificación. Es fundamental auditar los sistemas actuales, actualizar o sustituir el software, formar al personal y coordinar el cumplimiento técnico y legal. Firmas especializadas como GPASOC ofrecen acompañamiento integral en todo el proceso, desde la auditoría inicial hasta la implantación de soluciones certificadas, asegurando una transición segura y eficiente.

La factura electrónica obligatoria no solo supone una exigencia legal, sino una oportunidad para modernizar la gestión empresarial, mejorar la trazabilidad, reducir errores administrativos y fortalecer la transparencia financiera. Prepararse con tiempo y contar con el apoyo de expertos permitirá a las empresas adaptarse con éxito, optimizar sus procesos y reforzar su competitividad en el nuevo entorno digital.